En México crece una urgencia que supera cifras y estadística. En Morelos los centros de reclusión fermentan tensión y vulnerabilidad. El hacinamiento carcelario alcanzó un nivel crítico: 52 por ciento por encima de su capacidad, y apenas en agosto este desequilibrio empeoró en 12 por ciento tras 425 detenciones que colmaron los espacios destinados a la reinserción social.
En Cuautla la presión es visible. La prisión de baja seguridad alberga 600 personas más de lo permitido. Asimismo, el penal de Atlacholoaya, aunque funcional, contiene más de mil 800 personas entre sentenciadas y procesadas. Además, los complejos tienen más de 30 años y reclaman un rescate urgente luego de décadas sin mantenimiento.
Programas de despresurización ya están en marcha. Se planea trasladar a 300 mujeres del penal femenino de Atlacholoaya al Cereso estatal de Cuernavaca, actualizado tras una inversión cercana a mil 500 millones de pesos.
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Del mismo modo, la rehabilitación de estas estructuras permite visualizar algo más que espacios compatibles. Revierte la vulneración de derechos y fortalece espacios que pueden impulsar la confianza ciudadana en zonas críticas.
Finalmente, el número de personas privadas de su libertad en el estado supera los cuatro mil 156 internos. Esa cifra ilustra la escala del desafío y remarca que dignificar este sistema no solo es urgente sino indispensable.
